Oruro.- La nacionalización de la mina Colquiri, planteada por el gobierno y aceptada por los mineros hace dos días, “no garantizará las inversiones en Bolivia”, advirtió la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), al demandar al presidente Evo Morales “cumplir la Constitución Política del Estado”.
La explicación fue emitida por Fernando Dehne, presidente de la FEPO. Dijo que el anuncio hecho por el gobierno “no es una buena señal para las inversiones del país, porque nosotros pensábamos que el gobierno iba a hacer cumplir la Constitución Política del Estado, para garantizar las inversiones, pero otra vez se vulnera la Constitución”.
Dijo que con esa medida, que ya ha sido aceptada por los mineros, especialmente de Colquiri, “no habrá una empresa que quiera invertir en el país y por eso estamos muy preocupados”.
El acuerdo para la nacionalización de la mina Colquiri fue logrado el pasado martes 5 de junio, en la reunión efectuada entre mineros y autoridades del ministerio de Minería. El ministro del ramo, Mario Virreira, ofertó esa alternativa. Al principio los mineros habían rechazado esa medida pero, después de un análisis de las implicaciones, se decidió aceptar la nacionalización, tal como se hizo en Huanuni, hace 6 años, “para evitar enfrentamientos entre cooperativistas y mineros sindicalizados”.
El asesor cultural de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, explicó que con la misma producción de la mina Colquiri, se pueden contratar mil trabajadores, para que puedan incorporarse a esa empresa, cuando esté nacionalizada ya que la empresa privada Sinchi Wayra había ofertado únicamente la incorporación de 200 cooperativistas a esa mina.
“Incorporar a 200 trabajadores es una mezquindad de parte de la empresa. Nosotros sabemos que se puede incorporar por lo menos mil”, dijo.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Severino Estallani, dijo que la medida fue aceptada con carácter excepcional, “únicamente para que desaparezcan los mineros cooperativistas, porque lo único que quieren es hacer desaparecer a las empresas productivas, para que ellos ganen recursos sin inversiones y sin control de ninguna naturaleza”.
Por su parte, el representante de la minería privada de Oruro, David Ramos, expresó sus dudas acerca de la buena marcha de una nacionalización de esa naturaleza en Colquiri. De todas maneras, consideró que para adoptar una medida así, “tiene que ser bien planificada y debe tener esencialmente un sostenimiento político, técnico y económico y cuidado que, dentro de un mes, el gobierno anuncie otra nacionalización similar en otros sectores”.
Dijo que si no se respetan las inversiones ni los contratos, pueden surgir otras nacionalizaciones, como ocurre con el caso de Mallku Khota, en Potosí y, por eso, los campesinos están en movilizaciones en La Paz, para exigir que se vayan los inversionistas. “Lo que queremos es que se respeten las inversiones privadas, tal como dice la Constitución”, dijo.
El asambleísta departamental del sector oficialista, Froilán Fulguera, por su parte, consideró que la iniciativa es positiva “para evitar enfrentamientos y para que los recursos naturales vuelvan a manos del Estado y para terminar con los cooperativistas que han sido muy majaderos, para apoderarse de las minas que tiene el país”.
La explicación fue emitida por Fernando Dehne, presidente de la FEPO. Dijo que el anuncio hecho por el gobierno “no es una buena señal para las inversiones del país, porque nosotros pensábamos que el gobierno iba a hacer cumplir la Constitución Política del Estado, para garantizar las inversiones, pero otra vez se vulnera la Constitución”.
Dijo que con esa medida, que ya ha sido aceptada por los mineros, especialmente de Colquiri, “no habrá una empresa que quiera invertir en el país y por eso estamos muy preocupados”.
El acuerdo para la nacionalización de la mina Colquiri fue logrado el pasado martes 5 de junio, en la reunión efectuada entre mineros y autoridades del ministerio de Minería. El ministro del ramo, Mario Virreira, ofertó esa alternativa. Al principio los mineros habían rechazado esa medida pero, después de un análisis de las implicaciones, se decidió aceptar la nacionalización, tal como se hizo en Huanuni, hace 6 años, “para evitar enfrentamientos entre cooperativistas y mineros sindicalizados”.
El asesor cultural de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, explicó que con la misma producción de la mina Colquiri, se pueden contratar mil trabajadores, para que puedan incorporarse a esa empresa, cuando esté nacionalizada ya que la empresa privada Sinchi Wayra había ofertado únicamente la incorporación de 200 cooperativistas a esa mina.
“Incorporar a 200 trabajadores es una mezquindad de parte de la empresa. Nosotros sabemos que se puede incorporar por lo menos mil”, dijo.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Severino Estallani, dijo que la medida fue aceptada con carácter excepcional, “únicamente para que desaparezcan los mineros cooperativistas, porque lo único que quieren es hacer desaparecer a las empresas productivas, para que ellos ganen recursos sin inversiones y sin control de ninguna naturaleza”.
Por su parte, el representante de la minería privada de Oruro, David Ramos, expresó sus dudas acerca de la buena marcha de una nacionalización de esa naturaleza en Colquiri. De todas maneras, consideró que para adoptar una medida así, “tiene que ser bien planificada y debe tener esencialmente un sostenimiento político, técnico y económico y cuidado que, dentro de un mes, el gobierno anuncie otra nacionalización similar en otros sectores”.
Dijo que si no se respetan las inversiones ni los contratos, pueden surgir otras nacionalizaciones, como ocurre con el caso de Mallku Khota, en Potosí y, por eso, los campesinos están en movilizaciones en La Paz, para exigir que se vayan los inversionistas. “Lo que queremos es que se respeten las inversiones privadas, tal como dice la Constitución”, dijo.
El asambleísta departamental del sector oficialista, Froilán Fulguera, por su parte, consideró que la iniciativa es positiva “para evitar enfrentamientos y para que los recursos naturales vuelvan a manos del Estado y para terminar con los cooperativistas que han sido muy majaderos, para apoderarse de las minas que tiene el país”.
El Diario
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