29 oct.- Rige en Bolivia el Decreto Supremo 2888, que prohíbe el uso de dinamita en cualquier tipo de manifestación social, para preservar la integridad de la población, empero la jornada de la víspera, decenas de mineros que apoyan al Gobierno, tomaron calles céntricas de la ciudad de La Paz detonando cachorros de dinamita y causando pavor en la ciudadanía.
Ante la ausencia de efectivos policiales, funcionarios de las empresas minerales estatales tomaron ayer el centro paceño arengando estribillos a favor del binomio Evo Morales y Álvaro García, además de la detonación de cachorros de dinamitas que hicieron entrar en pánico a los paceños que se encontraban en proximidades.
Adultos mayores, jóvenes y algunos niños que acompañaban a sus mamás en sus puestos de venta, lloraban desesperados, ante los estruendos de dinamita.
“Qué siempre hemos hecho para que vengan aquí a atemorizar a nuestros hijos. ¿Cómo nos hacen pelear entre hermanos, acaso no todos somos iguales?”, cuestionó una gremial cuyo hijo no paraba de llorar tras escuchar las detonaciones de dinamita.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, manifestó que la detonación de dinamitas puede generar serios problemas o traumas psicológicos en los niños y más aun tomando en cuenta que no se suspendieron las clases, principalmente en los centros educativos particulares que están en el centro de la ciudad.
“El Gobierno se equivoca al no controlar eso, primero porque son sus militantes y porque tiene controlada la Policía que puede resguardar para que sea una marcha pacífica, pero pareciera que se les deja a su libre albedrio y cualquier exceso no tiene control”, lamentó.
POLICÍA
Población lamentó la falta de efectivos policiales en enfrentamientos entre vecinos y el paso de mineros que transgredieron el DS 2888.
“La Policía debería estar atenta porque la Policía está para proteger al pueblo y no así para resguardar a militantes de ningún partido”, aseveró el opositor Edwin Rodríguez.
A su turno, el diputado de UD, Amilcar Barral, lamentó que efectivos del verde olivo no hayan hecho nada ante la zozobra y el terror que causaron los mineros haciendo detonar dinamitas.
“Existe un DS que prohíbe el uso de estos explosivos en movilizaciones, incluso en un hecho histórico que ha sido el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes”, aseveró.
El legislador a tiempo de lamentar la pasividad de la Policía que dejó indefensa a la población paceña, recordó que en 2016, efectivos policilaes gasificaron sin pena a personas con discapacidad que pedían un bono.
En abril de 2016, las personas con discapacidad fueron gasificadas por la Policía para impedir que entren a la plaza Murillo donde están el Legislativo y Ejecutivo. Algunas personas que apoyaban a los movilizados intentaron levantar las rejas que el Gobierno puso en todos los ingresos hacia la plaza y por eso los uniformados les lanzaron agente químicos.
El hecho que se produjo en la esquina de las calles Indaburo y Junín dejó algunas personas desmayadas. En ese momento no había ningún tipo de ayuda médica para las personas que demandan un bono mensual de 500 bolivianos.
Tras la gasificación, varios discapacitados fueron afectados y uno de ellos, con discapacidad intelectual, fue llevado de emergencia a un centro médico.
En julio de 2014, un grupo de 15 personas, defensores de animales que estaban con sus mascotas, fue gasificado en la plaza Murillo, frente al Palacio Legislativo, luego de una protesta contra el maltrato y el pedido de promulgación de una ley que defienda a los animales.
MINISTERIO PÚBLICO
A través de su Unidad de Comunicación, el Ministerio Público informó que para que esta instancia pueda realizar de oficio una investigación o a instancia de parte, necesariamente debe existir una acción directa realizada por la Policía o una denuncia verbal o escrita, que contenga elementos para hacer la persecución penal de un hecho concreto.
Aclararon que se actúa con más elementos de convicción para evitar vulnerar derechos y normas cuando la Policía hace las acciones directas o hay denuncia.
COCALEROS
DETENIDOS
En julio de 2019, cuatro cocaleros fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro porque supuestamente portaban dinamita, según imputación formal de la Fiscalía.
Pese a que, según los abogados defensores, la Fiscalía no pudo demostrar pruebas fehacientes de los delitos.
El 5 de octubre pasado, la Policía aprehendió a un cocalero de los Yungas, de La Paz, en estado de ebriedad portando 38 cartuchos de dinamita en una mochila que llevaba consigo cuando fue interceptado en inmediaciones de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) en el barrio de Villa Fátima.
DECRETOS SUPREMOS
El 18 de septiembre de 2012, el minero Héctor Choque falleció a causa de la explosión de un cachorro de dinamita, lanzado por los cooperativistas contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), lo que provocó la aprobación del Decreto 1359, que prohibía la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales.
El 1 de mayo de 2016, se promulgó el DS 2754, a través del cual se dejaba sin efecto el DS 1359, señalaron que el “fin es garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores”.
En septiembre de 2016, el Gobierno prohibió otra vez, mediante el Decreto Supremo 2888, el uso de explosivos en manifestaciones sociales.
En ese momento el que fuera ministro de Defensa, Reymi Ferreyra, admitió que fue un error el DS 2754 que levanta la prohibición de portar dinamita en las manifestaciones, tras el enfrentamiento de mineros cooperativistas y policías durante los bloqueos de caminos que se instaló en diferentes puntos de Bolivia.
El Diario
