La embajada de Brasil, aún no confirmo si viabilizarán el asilo político al senador por Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto. El abogado y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, expresó que en caso de que el vecino país acepte la solicitud del legislador, no existiría motivo alguno para que los representantes de la cancillería boliviana nieguen la salida del senador.
Legisladores pertenecientes a Convergencia Nacional, dieron a conocer que hasta el momento no existiría un pronunciamiento oficial de la aceptación de refugio para el senador Pinto. Sin embargo señalaron que existiría indicios para confiar en la consolidación de esta posibilidad.
La senadora Centa Reck (CN) expresó que fuentes cercanas habrían dado a conocer que existe luz verde a la solicitud de refugio. Pero señaló que se esperará al pronunciamiento de los representantes de la embajada del Brasil.
“Se tiene entendido que de darse el asilo, el traslado del senador Pinto hasta tierra brasileña, se efectuaría con escoltas y en medios de transporte del país vecino”, dijo.
Ante este panorama el jurista Albarracín señaló que la evaluación de cualquier documentación presentada por una persona a una determinada embajada, como pruebas de que son victimas de persecución política, son evaluadas por lo menos por un tiempo de seis meses, considerando que el país solicitado, en este caso Brasil, busca tener un panorama claro y sin vacíos legales para otorgar el refugio pedido.
Asimismo, indicó que de aceptarse la solicitud del legislador, serían los diplomáticos de Brasil quienes darían a conocer la posición en favor del solicitante, con la finalidad de que posteriormente el Gobierno boliviano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, facilite el salvoconducto necesario para permitir la salida del legislador con destino Brasil.
“Las autoridades bolivianas tiene la obligación de otorgar el salvoconducto necesario, sin poder oponerse a la decisión de apoyo brindado por Brasil, considerando que es una decisión que le compete únicamente del país vecino. Una vez que el senador tenga el asilo necesario en tierra brasileña, él ya no podría ser detenido o enjuiciado por las autoridades bolivianas”, señaló.
Por otra parte, argumentó que una vez que Pinto se encuentre en territorio brasileño, los procesos que se iniciaron en contra del legislador quedarían paralizados, considerando que según lo establecido en las normas bolivianas, “es necesario que para proceder o continuar con la defensa el acusado debiera hacerse presente de manera física en la Fiscalía”, según explicó.
“Todos los juicios quedarían paralizados. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, la condición principal para la continuación de la defensa de un caso es la presencia del acusado”, argumentó.
Albarracín recordó que la otorgación de un refugio político se concede a toda persona que la solicite y demuestre la persecución política de la cual sería víctima, “sea por razones políticas, religiosas o de otra índole, pero no por delitos ordinarios”.
El jurista añadió que en relación al futuro de la participación del senador en el Legislativo, una vez que se le conceda el refugio político, deberá ser analizado por el pleno de la Cámara de Senadores, en base a lo que establece su reglamento interno.
“Lo que se ve es que ahí hay una especie de laguna jurídica, porque es seguro que en el reglamento interno del Senado, no prevé este tipo de circunstancias, por lo que creo que es la Asamblea Legislativa, el que debe evaluar esto, para ver qué alternativa tomar ante esta posible situación”, señaló.
Legisladores pertenecientes a Convergencia Nacional, dieron a conocer que hasta el momento no existiría un pronunciamiento oficial de la aceptación de refugio para el senador Pinto. Sin embargo señalaron que existiría indicios para confiar en la consolidación de esta posibilidad.
La senadora Centa Reck (CN) expresó que fuentes cercanas habrían dado a conocer que existe luz verde a la solicitud de refugio. Pero señaló que se esperará al pronunciamiento de los representantes de la embajada del Brasil.
“Se tiene entendido que de darse el asilo, el traslado del senador Pinto hasta tierra brasileña, se efectuaría con escoltas y en medios de transporte del país vecino”, dijo.
Ante este panorama el jurista Albarracín señaló que la evaluación de cualquier documentación presentada por una persona a una determinada embajada, como pruebas de que son victimas de persecución política, son evaluadas por lo menos por un tiempo de seis meses, considerando que el país solicitado, en este caso Brasil, busca tener un panorama claro y sin vacíos legales para otorgar el refugio pedido.
Asimismo, indicó que de aceptarse la solicitud del legislador, serían los diplomáticos de Brasil quienes darían a conocer la posición en favor del solicitante, con la finalidad de que posteriormente el Gobierno boliviano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, facilite el salvoconducto necesario para permitir la salida del legislador con destino Brasil.
“Las autoridades bolivianas tiene la obligación de otorgar el salvoconducto necesario, sin poder oponerse a la decisión de apoyo brindado por Brasil, considerando que es una decisión que le compete únicamente del país vecino. Una vez que el senador tenga el asilo necesario en tierra brasileña, él ya no podría ser detenido o enjuiciado por las autoridades bolivianas”, señaló.
Por otra parte, argumentó que una vez que Pinto se encuentre en territorio brasileño, los procesos que se iniciaron en contra del legislador quedarían paralizados, considerando que según lo establecido en las normas bolivianas, “es necesario que para proceder o continuar con la defensa el acusado debiera hacerse presente de manera física en la Fiscalía”, según explicó.
“Todos los juicios quedarían paralizados. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, la condición principal para la continuación de la defensa de un caso es la presencia del acusado”, argumentó.
Albarracín recordó que la otorgación de un refugio político se concede a toda persona que la solicite y demuestre la persecución política de la cual sería víctima, “sea por razones políticas, religiosas o de otra índole, pero no por delitos ordinarios”.
El jurista añadió que en relación al futuro de la participación del senador en el Legislativo, una vez que se le conceda el refugio político, deberá ser analizado por el pleno de la Cámara de Senadores, en base a lo que establece su reglamento interno.
“Lo que se ve es que ahí hay una especie de laguna jurídica, porque es seguro que en el reglamento interno del Senado, no prevé este tipo de circunstancias, por lo que creo que es la Asamblea Legislativa, el que debe evaluar esto, para ver qué alternativa tomar ante esta posible situación”, señaló.
El Diario
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