Justicia boliviana tiene que eliminar mafias de abogados

Sucre, 4 ene.- El presidente Evo Morales inaugurará el viernes en la ciudad de Sucre, sede del poder Judicial y capital constitucional de Bolivia, el año judicial 2013 sacudido, nomás de entrada, por una, sino la más grande crisis del sistema de justicia de este país andino amazónico que trata de purgarse de una red mafiosa de abogados, jueces y fiscales extorsionadores.

Lo más probable es que en su discurso, que el país oirá entre las 15h00 y 16h00 locales, Morales reitere su política de acabar con esta gran corruptela, cueste lo que cueste y valga a quien valga, con tal de salvar el menguado prestigio de la justicia boliviana, desde 1825, siempre sumida en el desprestigio y la impopularidad.

Reparar la imagen del sistema judicial boliviano es la apuesta más aún después de la elección por voto popular de sus magistrados hace poco más de un año.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, refirió las herencias del pasado como estigma del Poder Judicial boliviano.

"Heredamos un sistema que ya está muchos años, en realidad nosotros entramos al sistema de siempre (..) este año corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se sancione nuestros nuevos códigos. Lo que busca la población en general son procedimientos completamente transparentes y acorde a la realidad", reseñó

La justicia boliviana cerró 2012 erosionada por una banda de abogados bandidos aliados de jueces y fiscales que extorsionó lo más seguro millones a 80 convictos, procesados y caídos en desgracia, entre ellos un empresario estadounidense y un alemán.

El nuevo año judicial entraba a operar en medio de una situación de menoscabo, con sus principales brazos operativos, la Judicatura, el Ministerio Público y hasta la oficina de Derechos Reales, tocados por los tentáculos de una red de extorsionadores que se movía a expensas de puestos clave en el Ejecutivo boliviano.

Al menos 12 abogados, jueces y fiscales, además de funcionarios que detentaban la abogacía se encuentran tras de rejas investigados por una Comisión Nacional de Fiscales (CNF) que cuenta con la aquiescencia presidencial para meter las narices en todo y a todos los involucrados en esta mafia, cuyas actividades criminales llevaron a Morales a ordenar se llegue al fondo del asunto así "me quede solo" en la administración del Ejecutivo boliviano.

Los ex ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, actual plenipotenciario boliviano en Naciones Unidas, y Wilfrido Chávez han declarado 2 veces en menos de una semana ante la CNF y la pesquisa ha puesto en la mira al ex fiscal general de la Nación, Mario Uribe.

El escándalo increscente y de consecuencias aún impredecibles, ha gatillado la huida burda nada menos que del titular de los magistrados del Tribunal de Justicia del departamento de Santa Cruz, Ariel Rocha, que apenas se sintió al descubierto se esfumó de Bolivia.

El lío que pudre por dentro al sistema judicial boliviano y que no sale de las portadas y titulares de los diarios y radios y televisoras bolivianas hace más de un mes se ha radicado en la jurisdicción de Santa Cruz, donde hace 3 años se anuló una banda de mercenarios europeos contratados para encender una guerra civil en Santa Cruz y cuyas consecuencias judiciales debieron ventilarse en la jurisdicción de La Paz a causa de las tensiones políticas a la sazón entre 2008 y 2009 en Bolivia.

La crisis transversaliza el sistema judicial y estigmatiza también a las escuelas de derecho, las más prolíficas en el tándem de los estudios superiores bolivianos.

La banda liderada, lo más probable, por dos abogados menores de 35 años, con menos de una década de ejercicio profesional, vinculados hacía un lustro al staff del Ministerio de Gobierno, con el poder que éste conlleva, convirtió en estiércol todo lo que tocó.

Las cabezas visibles de la organización son los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, apuntalados po r un colega suyo incrustado en el Ministerio de la Presidencia.

La red de extorsionistas que llevaba años apropiándose de los billetes buenos y malos de los convictos y procesados que caían en sus manos incurrió en el grueso error de intentar despellejar al judíoestadounidense Jacob Ostreicher, que invirtió en la agroindustria de Bolivia poco menos de 30 millones y que confió la administración de sus billetes a una colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia que se involucró con una narco brasileño.

La banda de burdos ladrones versados en leyes no atinó a apercibirse que desde mayo último la inteligencia criolla seguía los pasos a sus operadores y tampoco calculó que la madre de Ostreicher, sobreviviente del holocausto del pueblo judío en los '40 del siglo pasado, estaba en condiciones de mover los poderes mundiales radicados en Nueva York para librar de todo mal a su hijo y hacer castigar a sus victimarios.

ABI

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