A juicio a del analista, lo mejor será pensar en una reforma constitucional parcial para reestructurar el sistema de la institución del orden y designación de autoridades judiciales.
Una de las soluciones a la falta de seguridad ciudadana en el país, pasa por una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE), proceder a reestructurar el mando único del sistema de la Policial Nacional y la designación de autoridades judiciales representativas, afirmó ayer, a EL DIARIO, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.
“Se persigue con mayor empeño los desacatos y no a los cogoteros. Ya decía el jurisconsulto y penalista italiano Francisco Carrara, que más importante que las penas altas son las penas efectivas, expresó Alarcón.
En ese contexto, planteó la descentralización de la Policía como ocurre en otros países, donde existe una policía regional, municipal y local, con las mismas funciones, y que cumple la tarea prioritaria de proteger a la sociedad.
“Lo mejor será pensar en una reforma constitucional parcial, para reestructurar el sistema de la Policía Nacional y la designación de autoridades judiciales. El tema del mando único de la Policía Nacional no necesariamente es el más conveniente. Hay países que tienen mandos múltiples y tienen mandos policiales localizados en puntos concretos de las ciudades, para prevenir delitos violentos como son los que han impactado últimamente en la sociedad boliviana”, afirmó.
Los criterios del analista se desprenden luego que en los últimos días, se dieron una serie de hechos que afectaron a la ciudadanía y que una vez más pusieron en el tapete de la discusión el tema de la inseguridad ciudadana que afecta a ciudades como El Alto y Santa Cruz.
Alarcón observó el actual rol que está desempeñando la Policía, al que calificó de “politizada y de estar al servicio del Gobierno de turno para reprimir protestas ciudadanas y olvidar su rol de protección de la ciudadanía frente a los delincuentes”.
En cuanto al sistema judicial, Alarcón planteó una nueva forma de elección de autoridades judiciales, toda vez que “el actual no garantiza una justicia independiente, confiable y con altas capacidades técnicas, menos aún que tenga una política criminal definida donde la prioridad sea la respuesta del Estado frente a delitos violentos y no para proteger a los gobernantes de turno. Repito, no nos estamos preocupando de los cogoteros”, expresó.
El analista también se refirió a la pena de muerte ya que el viernes pasado una multitudinaria marcha de protesta de los pobladores de El Alto descendió hasta la Sede de Gobierno demandando a las autoridades la aplicación de la pena de muerte, luego del violento asesinato de dos periodistas alteños.
En menos de un mes la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de esa ciud
ad, reportó 69 asesinatos violentos producto de los denominados “cogoteros”.
Consultado sobre ese tema, Alarcón puso en duda la efectividad de una medida de esta naturaleza, al señalar que no está comprobado que la aplicación de la pena de muerte reduzca las estadísticas de los asesinatos violentos y otros delitos.
Recordó que la tendencia a nivel mundial es la abolición de la pena de muerte y no la de restablecerla. En el caso de Bolivia, esa pena fue abolida del Código Penal el año 1967 y que además la actual Constitución reconoce tratados de derechos humanos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que reconocen derechos favorables a las personas y establecen una prohibición para restablecer la pena de muerte.
“Para pensar en restablecer la pena de muerte habría que pensar primero en que Bolivia sea aparte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que no es previsible porque todos los países a la altura de los tiempos quieren dar señales claras de respeto a los derechos humanos”, concluyó.
El Diario
Una de las soluciones a la falta de seguridad ciudadana en el país, pasa por una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE), proceder a reestructurar el mando único del sistema de la Policial Nacional y la designación de autoridades judiciales representativas, afirmó ayer, a EL DIARIO, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.
“Se persigue con mayor empeño los desacatos y no a los cogoteros. Ya decía el jurisconsulto y penalista italiano Francisco Carrara, que más importante que las penas altas son las penas efectivas, expresó Alarcón.
En ese contexto, planteó la descentralización de la Policía como ocurre en otros países, donde existe una policía regional, municipal y local, con las mismas funciones, y que cumple la tarea prioritaria de proteger a la sociedad.
“Lo mejor será pensar en una reforma constitucional parcial, para reestructurar el sistema de la Policía Nacional y la designación de autoridades judiciales. El tema del mando único de la Policía Nacional no necesariamente es el más conveniente. Hay países que tienen mandos múltiples y tienen mandos policiales localizados en puntos concretos de las ciudades, para prevenir delitos violentos como son los que han impactado últimamente en la sociedad boliviana”, afirmó.
Los criterios del analista se desprenden luego que en los últimos días, se dieron una serie de hechos que afectaron a la ciudadanía y que una vez más pusieron en el tapete de la discusión el tema de la inseguridad ciudadana que afecta a ciudades como El Alto y Santa Cruz.
Alarcón observó el actual rol que está desempeñando la Policía, al que calificó de “politizada y de estar al servicio del Gobierno de turno para reprimir protestas ciudadanas y olvidar su rol de protección de la ciudadanía frente a los delincuentes”.
En cuanto al sistema judicial, Alarcón planteó una nueva forma de elección de autoridades judiciales, toda vez que “el actual no garantiza una justicia independiente, confiable y con altas capacidades técnicas, menos aún que tenga una política criminal definida donde la prioridad sea la respuesta del Estado frente a delitos violentos y no para proteger a los gobernantes de turno. Repito, no nos estamos preocupando de los cogoteros”, expresó.
El analista también se refirió a la pena de muerte ya que el viernes pasado una multitudinaria marcha de protesta de los pobladores de El Alto descendió hasta la Sede de Gobierno demandando a las autoridades la aplicación de la pena de muerte, luego del violento asesinato de dos periodistas alteños.
En menos de un mes la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de esa ciud
ad, reportó 69 asesinatos violentos producto de los denominados “cogoteros”.Consultado sobre ese tema, Alarcón puso en duda la efectividad de una medida de esta naturaleza, al señalar que no está comprobado que la aplicación de la pena de muerte reduzca las estadísticas de los asesinatos violentos y otros delitos.
Recordó que la tendencia a nivel mundial es la abolición de la pena de muerte y no la de restablecerla. En el caso de Bolivia, esa pena fue abolida del Código Penal el año 1967 y que además la actual Constitución reconoce tratados de derechos humanos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que reconocen derechos favorables a las personas y establecen una prohibición para restablecer la pena de muerte.
“Para pensar en restablecer la pena de muerte habría que pensar primero en que Bolivia sea aparte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que no es previsible porque todos los países a la altura de los tiempos quieren dar señales claras de respeto a los derechos humanos”, concluyó.
El Diario
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