El Magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, denunció este miércoles que el gobierno nacional incumple el fallo que esa instancia emitió sobre la Ley 222 de la consulta, aspecto que calificó de “vergonzoso” porque el ejecutivo no respeta los tratados internacionales referidos a los indígenas.

“Los indígenas del TIPNIS deberían pensar en la justicia internacional”, aseguró a tiempo de lamentar que la aplicación del mecanismo gubernamental en las poblaciones de ese territorio es un “desastre” porque se vulneran los derechos de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

Con la misma severidad, el funcionario judicial criticó el accionar de las autoridades que llevan adelante este proceso. Señaló que la sentencia constitucional debería ser de cumplimiento obligatorio de ambas partes. También desahució las acciones interpuestas por los indígenas de pretender frenar la consulta.

“Yo creo que en Bolivia no (se puede hacer algo), tendrán que ser los indígenas quienes apelen a estos hechos en tribunales internacionales”, reiteró Cusi, quien cuestionó desde un inició el dictamen que manda la búsqueda de “consensos”, aspecto que sería el menos cumplido ante la resistencia de las comunidades.

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, explicó que se definirá la aplicación del fallo en base a la información que proporcionen ambas partes. Asimismo afirmó no poder pronunciarse al respecto cuando todavía están pendientes resoluciones sobre la acción popular y el amparo constitucional.

“La ejecución del fallo, nosotros vamos a entender cuando ambas partes nos proporcionen información (…) La sentencia 0300 hace referencia a la Ley 222 y establece la constitucionalidad condicionada de la misma, la sentencia permanece intacta y corresponde a todas las instancias observar y cumplir los términos de la sentencia”, aseveró.

Sobre ambos recursos, la autoridad aseguró que la máxima instancia jurídica del país revisará, en un plazo que no excede los 45 días, las determinaciones asumidas por las salas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ambos veredictos rechazaron las acciones asumidas por los indígenas.