Esposas y familiares de militares de bajo rango anunciaron para hoy una reunión con Ponchos Rojos en la localidad de Achacachi. Allí definirán medidas de presión para pedir la descolonización de las Fuerzas Armadas. El suboficial Lorgio Cartagena cesó su huelga de hambre que duró 24 horas.

Sandra López, dirigente de las esposas de militares de baja graduación, anunció a periodistas que en la reunión de Achacachi participarán representantes de las 20 provincias de La Paz, para asumir “medidas de protesta radicales”.

El viernes, familiares de los militares se crucificaron cerca de la puerta principal del Estado Mayor. Tras unas tres horas, fueron desalojados del lugar por soldados. Siete manifestantes resultaron heridos con contusiones.

En respuesta a ese desalojo, los familiares de los militares movilizados anunciaron la radicalización de las medidas. Este conflicto empezó el 3 de abril, cuando suboficiales y sargentos presentaron un anteproyecto de ley para descolonizar y acabar con la discriminación en las FFAA, a través de cambios a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). A partir de ello protagonizaron inéditas marchas de protesta en las calles paceñas. En respuesta, las FFAA retiraron obligatoriamente a 715 efectivos de bajo rango, de los que reincorporó a 430. Cartagena informó que suspendió su huelga de hambre a solicitud de las esposas de sus camaradas, para convocar a más uniformados a radicalizar las medidas de presión.

Ayer también se suspendió un anunciado bloqueo de caminos a la espera de que arriben a la sede de gobierno militares de Cochabamba y Santa Cruz, departamentos que resultarán perjudicados si se interrumpen las vías.

“Vamos a sacar las pruebas una por una y vamos a demostrar ante el pueblo boliviano la corrupción que existe ahí dentro; como ellos dicen que hay reglamentos, queremos que el reglamento se aplique porque la corrupción debe sancionarse”, indicó. Luego mostró un video en el que un supuesto jefe militar hace uso de personal uniformado y vehículos oficiales.

Diálogo. Consideró que pese a la suspensión de su huelga de hambre y del bloqueo de caminos, su movimiento no está debilitado. La Defensoría del Pueblo, que promueve un diálogo, espera que el Alto Mando incorpore a los representantes de los militares movilizados a las dos mesas de trabajo, entre el Alto Mando Militar y los Suboficiales Comando (delegados por años de antigüedad, según el conducto regular en las FFAA), instaladas la pasada semana. Una de las mesas analiza el retiro obligatorio de los uniformados y la otra los cambios a la LOFA.

Gregorio Lanza, director de Conflictos de la Defensoría, informó que está a la espera de una respuesta favorable hasta el lunes a mediodía. Con la inclusión de los representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss) a esas dos mesas se da por sentado el diálogo.

La protesta de los efectivos

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El conflicto de los suboficiales y sargentos con autoridades de las Fuerzas Armadas empezó el 3 de abril, cuando éstos publicaron un anteproyecto de ley para descolonizar y eliminar la discriminación en la institución castrense.

Respuesta

Autoridades del Gobierno y de las Fuerzas Armadas indicaron que la solicitud de los efectivos de baja graduación debe seguir el conducto regular, con sus superiores. Los movilizados aseguraron que siguieron ese curso, pero que no fueron atendidos.

Piden garantías para los reincorporados

El suboficial Lorgio Cartagena, retirado obligatoriamente por encabezar la movilización de militares de bajo rango que demanda la descolonización de las Fuerzas Armadas, pidió ayer garantías para sus camaradas que fueron reincorporados a sus unidades en la institución castrense. Tras ordenar el retiro obligatorio de 715 uniformados, las FFAA reincorporaron a un total de 430 militares.

“Hay mucha susceptibilidad, mucho abuso a los derechos humanos, atropello, abuso de autoridad, nosotros queremos pedir garantías personales para los camaradas que se han incorporado”, manifestó Cartagena. Denunció que hay acciones que ponen en riesgo la vida de los restituidos, como el hecho de mantenerlos en arresto por 15 o 30 días.

Denunció también que están prohibidos de hablar entre dos personas, lo que también forma parte de las represalias que aplican en su contra, por lo que considera que están “peor que en una dictadura”. El viernes, las esposas de los uniformados que fueron restituidos en Cochabamba denunciaron que sus parejas son víctimas de agresiones psicológicas.