Aún persisten dudas en torno a la figura de Eduardo Rozsa Flores, todavía no se tiene claro quién fue el encargado de traerlo al país, la acusación del Ministerio Público apunta a movimientos separatistas ligados a las élites cruceñas, los acusados aseguran que no fue otro que el Gobierno quien trajo a este enigmático personaje, muerto en un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas hace cuatro años.

Según el abogado Gary Prado Salmón, abogado defensor de su padre Gary Prado, fue el Gobierno quien trajo a Bolivia a este ex soldado de la guerra de los Balcanes para convertirlo en un “agente provocador” que incite algunas ideas de “autodefensa” que dieron un pretexto al oficialismo para neutralizar a la oposición.

“Creo que él (Rozsa) fue traído por el Gobierno para convertirse en lo que se conoce como agente provocador, una persona que bajo la supuesta teoría de organizar una fuerza paramilitar de defensa de Santa Cruz”, señaló Prado y considera que “alguien le compró esta idea a Rozsa de que había organizar una autodefensa”.

Según la teoría de Prado la incitación a la defensa armada de Santa Cruz no tuvo éxito “la idea murió en 15 días y nadie le creyó más y él se dedicó a contaminar gente” para ello se presentaba como experto en armas y turismo de aventura, logró reuniones con gente que terminó siendo implicada en el caso terrorismo y hoy son parte del proceso judicial que aún avanza lentamente.

Pero la información oficial dice otra cosa. La investigación realizada por una comisión multipartidaria en 2009 determinó que el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, tuvo relación directa con organizaciones ligadas a las logias cruceñas como ‘La Torre’ quienes “mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.

Esta comisión tuvo acceso a la información secuestrada por la Fiscalía: chats, correos electrónicos, manuscritos, proyectos, mapas, planos, presentaciones y otros, su análisis permitió concluir que “el grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores y sus financiadores, tenían como misión la conformación de un ejército irregular (grupo paramilitar), que dentro de nuestra legislación penal se encuentra tipificado como terrorismo y alzamiento armado".

Según el informe, aprobado por la mayoría legislativa del MAS en lo que antes era el Congreso de la República, determinó que Rozsa Flores y su grupo paramilitar tenían como objetivo la fragmentación del territorio nacional, el desarrollo de una guerra civil, el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales y la provocación de una guerra secesionista.

Cada una de estas conclusiones debe ser comprobada en el juicio por el caso terrorismo, ya que el citado informe no tiene ningún efecto legal, sin embargo los constantes retrasos en el proceso han evitado que la Fiscalía muestre las pruebas que comprobarían las conclusiones a las que llegó la comisión legislativa, que era dominada por el oficialismo.

Para el abogado Gary Prado, tras cuatro años “el proceso se enturbió” y ya se ha perdido la posibilidad de que “se juzgue a quién realmente hay que juzgar” y eso fue culpa del Gobierno por politizar un caso tan delicado.

“¿Y cuándo lo convirtió en un caso político? Cuando irrumpió de manera ilegal en el Hotel Las Américas, en los predios de la feria (stand COTAS) cuando detuvo, torturó y ejecutó a tres ciudadanos extranjeros que no ofrecieron resistencia, ahí se convirtió en político este caso”, aseveró Prado.