El director de Régimen Penitenciario dijo que sólo 600 reos se beneficiarán con la norma.

“ Indulto…, indulto…, indulto…”, fue el grito unísono de cerca a 2.300 privados de libertad del penal de San Pedro que ayer protagonizaron un mitin exigiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de la Ley de Indulto.

Esta norma que fue tratada por el gabinete ministerial y que por pedido de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, fue postergada hasta el próximo año, beneficiará al menos a 600 personas de las 13.000 que existen en las 52 cárceles del país, recordó Ramiro Llanos, director General de Régimen Penitenciario.

Los reos de las diferentes secciones, quemaron un muñeco dentro del penal y también lanzaron piedras y otros objetos hacia el exterior del recinto carcelario, donde hubo un fuerte resguardo policial.

Uno de los privados de libertad afirmó -sosteniendo las rejas de la puerta de ingreso- que “estamos decepcionados por la promesa de indulto que hasta ahora no se hace realidad. La Ministra de Justicia no conoce lo que pasa dentro de las cárceles y pedimos que sea sustituida o que cambie de actitud”.

Beneficiados. La Ley de Indulto, de acuerdo con Ramiro Llanos, preveía alcanzar a los menores de 24 años, a los reos de más de 58 años y a aquellos que en más de 8 años, aún no tienen sentencia. Sin embargo, Cecilia Ayllón, ministra de Justicia, negó la pasada semana que pueda aprobarse la propuesta de Ley de Indulto hasta el 24 de diciembre.

La normativa tiene el objetivo de reducir el hacinamiento de los centros penitenciarios y con su postergación contradice las declaraciones de Llanos, quien tenía previsto que la nueva norma sea aprobada como un regalo de Navidad.

Ayllón declaró que se realiza un análisis estadístico del número de detenidos con condena por delitos, por sexo, y por edad, mismo que aún no fue concluido.

La autoridad aclaró que se trabaja con cuadros estadísticos, sobre el hacinamiento de cárceles a nivel nacional y para conocer el número de reclusos extranjeros, quienes serán repatriados a sus lugares de origen, para que purguen ahí sus penas.

En el interior. La Prensa, en contacto con los centros penitenciarios de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Beni, confirmó que éstos también se hallan en estado de emergencia y a la expectativa de una respuesta favorable en dos puntos básicos: los prediarios (alimentación) y el indulto.

Los delegados del penal de San Sebastián de Cochabamba, afirmaron que pese al compromiso de las autoridades a la fecha no se ha resuelto el pago de los prediarios.

En el penal de Mocoví, Beni, uno de los reos afirmó que el hacinamiento es el tema más álgido en esa región.

Llanos explicó a este medio que en el último año se han sumado unos 2.200 privados de libertad a la población carcelaria, lo que incrementó el número de privados de libertad a 13.840. “La vida de los presos es cada vez más difícil”.

Sobrepoblación. El coronel Rolando Ramos, director de Seguridad Penitenciaria explicó que sólo en La Paz hay 2.400 internos que viven con sus hijos y esposas. A ellos se suman los más de 2.000 visitantes de los días jueves y domingo, haciendo un total de al menos 5.000 personas dentro del penal que tiene capacidad para apenas 350.

Ramos dijo que actualmente las cárceles con mayor hacinamiento y falta de alimentación son las de La Paz, Cochabamba y Tarija, está última no reúne ni la más mínima condición de seguridad.

“Esperemos que las autoridades de Gobierno, sobre todo el director General de Régimen, puedan mediar para que la ley de Indulto se sancione y las gobernaciones cumplan con los prediarios”, finalizó.

52 recintos penitenciarios hay en todo el país, de los cuales cuatro revisten cuidado por el hacinamiento, según la policía.

“Por hacinamiento tenemos problemas de seguridad”. El coronel Rolando Ramos, director de Seguridad Penitenciaria, afirmó que hay problemas de seguridad por el hacinamiento y los motines en cárceles del país. El jefe policial afirmó que los reos tienen esperanzas para beneficiarse con la Ley del Indulto que les prometió el director General de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

Diputada Delgado propone una ley antes que un decreto. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, dijo que lo apropiado es la redacción de una ley, antes que un Decreto Supremo, que viabilice el indulto a los privados de libertad. La misma está respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo dejó en manos del Ejecutivo el mecanismo que dará paso a la amnistía.