“He sido victima de trata y tráfico en la misma ciudad de La Paz y estaban a punto de llevarme a Chile pero mi instinto de sobrevivencia me obligó a escapar del lugar, ahora tengo una enfermedad de por vida, (…). Me han tratado como su esclava sexual, de mí han ganado mucho dinero, yo nunca pedí ese trabajo. Yo sí buscaba trabajo por que mi familia estaba atravesando por problemas económicos, una familia completa que no parecía nada malo me llevó como niñera y a la cuarta semana no me permitieron salir más de esa casa donde me obligaban a trabajar como prostituta, me abusaron sexualmente por un mes y medio, (…),”, declaró a Radio FIDES una joven que fue victima del delito de trata y tráfico de personas pero que a la fecha no halla castigo para sus tratantes.

Como este muchos son los casos que quedaron impunes dentro de nuestro territorio, sin embargo, en la jornada de este martes el gobierno nacional en su afán de luchar contra este delito, promulgó la Ley 263, “Ley Integral de Lucha Contra Trata y Tráfico de Personas” que establece la conformación de un consejo plurinacional a nivel nacional, que a partir de esta promulgación tiene 90 días para presentar una Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. “El Consejo está conformado por el Órgano Ejecutivo y algunas instituciones estatales que tendrán como tarea principal establecer políticas que permitan aplicar la ley en extenso y posteriormente establecerse consejos departamentales”, declaró la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.

En este sentido destacó que la ley 263 debe transformarse en un “instrumento que dé resultados en cuanto a la protección de nuestro capital humano”. Asimismo, se informó del cambio que se realizará al Código Penal, “Estamos incorporando en la Ley nuevos delitos, nuevos tipos penales como es el de la revelación de la identidad de las víctimas, de los testigos, de los denunciantes y estamos incorporando un nuevo tipo penal, que es la violación sexual comercial”, afirmó la Diputada.

durante la promulgación se estableció que la ley contra trata y tráfico de personas contempla modificaciones al Código Penal y nuevos tipos penales, además de diversas medidas para el tratamiento integral de la persecución de los que cometieran este ilícito y otros delitos relacionados, entre ellos la intervención de líneas telefónicas y los agentes encubiertos.

Además de implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y reintegración integral para las victimas de estos ilícitos, entre ellos, la incorporación de los agentes encubiertos y también la posibilidad de interceptar llamadas y grabar llamadas telefónicas, cuando existan indicios y previa autorización judicial. “Se aumentan las penas en caso de que se ocasione la muerte de la víctima, la pena máxima es de 30 años de cárcel”. No obstante se condena también a todos aquellos que incurran en este ilícito en cualquiera de sus formas, "será sancionado con privación de libertad de diez a quince años quien por cualquier medio de engaño, intimidación entre otros o por tercera persona, realizare, favoreciere la captación, traslado o recepción de personas dentro o fuera del territorio", reza el artículo 281 de la ley de Trata y Tráfico.

Por otro lado, se estbalece presidio para los servidores públicos que omitieran las denuncias sobre los ilícitos que comtempla esta ley, "El servidor o servidora pública que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno a tres años", conforme el artículo 178.

La caracteriza por la defensa a los derechos humanos y la protección de la integridad física, mismos que suponen una valoración máxima al derecho a la vida. en este entendido se establecieron sanciones, no solo punitivas, sino también coercitivas y preventivas.