La embajadora del Perú en Bolivia, Silvia Alfaro, dijo que no hubo incursión de efectivos militares y policiales a territorio boliviano, asegurando que la participación de fiscales y funcionarios de la Superintendencia de Aduanas se realizó en territorio de su país.

“Estamos pidiendo mayor información al Perú, estamos pidiendo mayores detalles sobre el operativo, más profundidad en la información y eso estamos tratando directamente con las autoridades bolivianas. El mismo sábado me comuniqué con al canciller Choquehuanca, con el ministro de Defensa Rubén Saavedra y con el Ministro de Gobierno Carlos Romero para informales de este operativo”, afirmó.

La diplomática hizo esa afirmación tras conocer un informe oficial solicitado por las autoridades de su Gobierno sobre el incidente ocurrido el viernes 17 cuan do comunarios de la localidad de Suches denunciaron que militares y policías peruanos habrían ingresado hasta esa población para llevarse maquinaria y dinero.

Aclaró que estos informes ya fueron puestos a consideración de las autoridades bolivianas y que el tema se está manejando a nivel diplomático.

Inspección del Gobernador Cocarico

El gobernador de La Paz, César Cocarico, ratificó las denuncias de los mineros auríferos de la población fronteriza de Suches, luego de una inspección realizada durante toda la jornada del martes la autoridad comprobó el ingreso de policía y autoridades judiciales de Perú a la zona.

Cocarico aseguró que la inspección se realizó con "el mayor respeto" y sin la menor intención de generar conflictos "fue con el objeto de aclarar si las denuncias de los mineros de Suches eran evidentes".

El gobernador comprobó que en el campamento minero, ubicado a 1.700 metros al interior del territorio boliviano desde el hito 19, existen signos de violencia, vidrios rotos y puertas violentadas.

"Hemos evidenciado que en su accionar la Aduana, la Policía, las Fuerzas Militares del Perú han incursionado dentro de territorio boliviano", dijo Cocarico que remitirá toda la información recogida a la Cancillería del Estado para "que por la vía diplomática se pueda solucionar este asunto", agregó.

Cocarico calificó el decomiso como un acto "que no se justifica" porque fue una "incursión no autorizada" y lo que procede es la devolución de la maquinaria y la sanción de los funcionarios que ejecutaron el operativo.