El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado ayer por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, plantea incrementar las penas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, como una forma de sancionar a los delincuentes y acabar con la ola de atracos que se incrementó en las principales ciudades del país

El Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que entre otros aspectos, plantea que se triplique el presupuesto que destinan alcaldías y gobernaciones a tareas de seguridad.

El ministro Carlos Romero, en conferencia de prensa, explicó que los planes de seguridad ciudadana se solventarán con el financiamiento del 10 por ciento de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) provenientes de los gobiernos autónomos.

Asimismo, mencionó que el anteproyecto propone la reclusión de tres a cinco años, si el hecho se perpetrare empleando violencia, o, intimidación en las personas, o, fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión entre cinco y ocho años.

El anteproyecto menciona que en caso de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, se establece la reclusión de uno a tres años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la reclusión será de cinco a ocho años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva.

En caso de violación, se establece la privación de libertad de cinco a quince años, en los siguientes casos:

Si se hubiere empleado violencia física o intimidación. Si la persona ofendida fuere una enajenada mental o estuviere incapacitada por cualquier otra causa.

Si la violación fuere de una persona menor que no ha llegado a la edad de la pubertad, el hecho se sancionará con la pena de quince a veinticinco años de presidio; y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.

Organizaciones sociales de la ciudad de El Alto exigían meses atrás la implementación de la “pena de muerte”, como una forma de castigar a quienes cometen delitos de atracos y asesinatos, lo cual no tuvo aceptación en la esfera gubernamental pues iría en contra de la Constitución Política del estado (CPE).

El Comando General de la Policía Nacional, en función al índice de delincuencia, realizará la distribución de funcionarios policiales en capitales de departamento y provincias del territorio nacional.

El Diario