El Presidente Evo Morales volvió ayer de un reposo médico de fin de semana para encontrarse con una ola creciente de desencanto de la ciudadanía por la inseguridad ciudadana que parece haber rebasado la capacidad de la Policía.

La ciudad sede de Gobierno fue nuevamente colapsada, esta vez, por una marcha de centenares de campesinos de la Provincia Aroma que reclamaban el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas Verónica Peñasco y su hermano Víctor Hugo.

Los indígenas ataviados con su indumentaria de duelo, se apostaron frente al Ministerio de Justicia en El Prado y reclamaron "justicia" por la muerte de los jóvenes comunicadores.

Morales retornó ayer a sus actividades cotidianas después de que fue internado el viernes para una revisión médica general en una clínica en Cochabamba.

DEMANDAS

En la mañana de ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero entregó a la Policía de ese distrito varios instrumentos de detección de delitos y vehículos para fortalecer la lucha contra el delito en esa ciudad.

La autoridad insistió en que el Gobierno tiene un plan estratégico para disminuir la delincuencia en esa urbe con la colaboración de la Policía.

Rechazó el pedido de pena de muerte que las organizaciones civiles y movimientos sociales, especialmente de El Alto, han exigido a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

RECHAZO

Los asambleístas del MAS, Eugenio Rojas y Héctor Arce coincidieron en rechazar la propuesta de la pena capital.

Ambos legisladores recordaron que la Constitución Política del Estado reconoce con rango de ley a los tratados internacional de derechos humanos y aclararon que incluir la pena de muerte en el Código Penal implicaría una reforma constitucional.

Advirtieron que la delincuencia no se frenará con la aplicación de la pena de muerte pero reconocieron que es necesaria una reforma judicial profunda.

Por su parte, el ministro de Gobierno, propuso la aprobación de una nueva ley del Ministerio Público con el delito de prevaricato para fiscales que incurran en actos que beneficien a delincuentes.

Reconoció los sentimientos de impotencia y desesperación de los ciudadanos pero recomendó no intentar frenar la violencia con más violencia.

"No es la ley del Talión, el ’ojo por ojo’, (lo) que va a resolver este tema; no es que debemos responder a la violencia con violencia vecinal; tenemos que responderla con las instituciones y las normas que organizan a un Estado", advirtió el ministro.

CRISIS

El ministro Romero reconoció que la inseguridad ciudadana ha generado "un momento crítico" y que la lucha contra el delito "es una tarea pendiente" de la Policía.

No obstante, pidió a la población no incurrir en "acciones que igualmente configuran delitos".

El fin de semana, vecinos de El Alto quemaron vivo a un hombre sospechoso de robar en una casa.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, el ex comandante de la Policía, general Miguel Vásquez protestó ayer contra "los mandos medios" del Ministerio de Gobierno que supuestamente no viabilizan la dotación de instrumentos para que los policías luchen contra el delito.

Dijo que incluso las gobernaciones y municipios de la oposición contribuyeron de mejor manera para dotar de infraestructura a la Policía.

El domingo, el cardenal Julio Terrazas también rechazó los reclamos para aprobar la pena de muerte. "La muerte no soluciona a la muerte", dijo.