Los dirigentes dicen que el Gobierno quiere legalizar actos irregulares, como el no haber realizado una consulta antes de firmar contrato con la OAS.

Al finalizar la tarde de ayer, la marcha de indígenas en defensa del TIPNIS emitió una resolución de rechazo a la aprobación de la ley corta que suspende las obras del tramo II e inicia la consulta previa, libre e informada.

En el documento afirman que esa norma atenta contra los principios constitucionales y contra los derechos de los indígenas.

“La marcha rechaza rotundamente el proyecto de ley que fue aprobado esta madrugada (ayer) en la Cámara de Senadores; uno, por ser atentatorio contra los principios constitucionales, los principios de los derechos indígenas, que además no recoge el espíritu que la marcha tiene como demanda”, dijo el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas.

Señaló que no se pueden considerar los tramos I y III de la carretera por separado. Indicó que la suspensión del proyecto que plantea el MAS para las obras sobre el TIPNIS es temporal y no permanente, como piden.

“El proyecto es uno y se llama proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Mojos”, afirmó. También señaló que la consulta previa planteada por el Gobierno es improcedente por ser extemporánea y que debió haberse realizado antes de establecer un contrato con la empresa brasileña OAS, en el año 2008.

“Quieren legalizar lo ilegal con este proyecto de ley, pues esa consulta debió hacerse antes de la firma del contrato que ha realizado el Gobierno boliviano con Brasil a través de la empresa OAS, que fue en 2008”.

El presidente de la Subcentral TIPNIS recordó el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del Estado y la Declaración de los Derechos de Indígenas de la ONU, que otorgan la potestad de libre autodeterminación a los pueblos indígenas en lo que se refiere al desarrollo y la construcción de su propio territorio.

Señaló que los indígenas rechazan la construcción de la carretera desde antes de 2007.

Vargas también recordó los sucesos del 25 de septiembre y responsabilizó al presidente Morales de violar la Constitución y los derechos humanos. Los marchistas dicen que la ley corta es una provocación.

“El presidente don Evo Morales Ayma es el único responsable de venir violando continuamente la Constitución, de venir violando los derechos humanos, de venir violando los convenios y tratados internacionales, y que además ha cometido un delito de lesa humanidad con lo que ha realizado el 25 de septiembre”.

Los marchistas saldrán de Yolosa hoy y partirán hacia Sacramento, que está a 20 kilómetros del primer pueblo. Emprenderán la marcha a las ocho de la mañana.

Pagina Siete